Según las investigaciones, las armas las obtenía de un militar vinculado al registro de armas del Ministerio de Defensa, quien facilitaba los procedimientos para legalizarlas.
La Fiscalía General de la República (FGR) pedirá la detención provisional en contra de un militar en situación de retiro quien actualmente es procesado en libertad acusado por el delito de comercio ilegal y depósito de armas.
El imputado es el mayor Miguel Ángel Pocasangre Escobar, quien es acusado por supuestamente vender armas de guerra que estaban en el depósito del Ministerio de Defensa, según la versión de un testigo criteriado de clave "William".
El caso contra Pocasangre se encuentra en la etapa de instrucción y ayer se instaló una audiencia para escuchar la declaración anticipada del testigo, para que sea tomada en cuenta y que el proceso avance a la etapa de sentencia, explicó el fiscal del caso.
De acuerdo al expediente judicial, el testigo relató que entre los años 2003 y 2006 el imputado le llamaba constantemente a un militar activo identificado como Carlos Guillermo Z. M., quien en ese entonces estaba a cargo de la oficina de registro y control de armas de fuego del Ministerio de Defensa, a quien le decía que "necesitaba armas".
El imputado estaba registrado como el propietario de dos ventas de armas llamadas El Lancero y Rivera Hoover, donde hacía las transacciones ilegales.
En el proceso se explica que la forma en que operaba el acusado era comprando armas a un costo aproximado de $500, después se las mostraba al testigo y le decía que eran armas "buenas, bonitas e ilegales".
Según esta versión, el cargamento era enviado a un taller clandestino de la ciudad de Santa Tecla, donde alteraban el número de serie, una acción que es tipificada legalmente como falsificación de señas y marcas y que fue comprobado por la FGR con un peritaje físico-químico.
En la audiencia se determinó que había suficientes indicios de la existencia de más delitos, pero la FGR aseguró que no fueron presentados ante el juzgado debido a que "eran acciones que ya habían prescrito".
Armas eran "registradas"
Posteriormente Pocasangre le compraba un formulario y un carné en blanco debidamente sellados por el Ministerio de Defensa a un costo de $150 para extender las licencias, donde colocaba el nombre de cualquier persona que estuviera en el registro de armas de forma legal y que no tuviera antecedentes penales, para que apareciera como primer dueño.
Finalmente el imputado realizaba las transferencias de compraventa a su nombre y que luego pudieran ser comercializada y por las que recibía entre $3,000 y $6,000 de sus clientes quienes recibían un arma legal.
Las investigaciones de la fiscalía detallan que Pocasangre habría hecho ventas de armas a una persona relacionada al caso de lavado de dinero y activos del exdiputado Wilver Rivera Monge, además de ser relacionado con el procesado por narcotráfico y condenado por el delito Alexander Sibrián Ulloa, alias "Repollo".
Fuente: DLP http://goo.gl/rTdwCZ
Fuente: DLP http://goo.gl/rTdwCZ