La comisión de seguridad respalda la decisión del gobierno de implantar “medidas excepcionales” y pidieron conocer detalles de un posible estado de excepción focalizado.
A falta de información sobre la reunión sostenida entre los presidentes de los tres órganos de Estado y el fiscal general de la República para establecer cuáles serán las medidas de excepción que se implementarían a raíz de la ola de delincuencia, los diputados de la comisión de seguridad han pedido una reunión “urgente” con el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Los legisladores manifestaron, sin embargo, que respaldarían las propuestas del mandatario y de su gabinete de seguridad.
“Hemos acordado pedirle al señor presidente de la República, a través del conducto de la Asamblea, una reunión con él y las personas que el crea conveniente, para conocer los planes que tiene (…) para saber cuál es el papel que vamos a llevar a cabo en apoyo a la decisión”, expuso el presidente de la comisión, Antonio Almendáriz.
“Me autorizaron para que en nombre de toda la comisión pueda decir: ¡presidente, lo apoyamos!”, recalcó.
En tanto, el diputado efemelenista, Misael Mejía, sostuvo que la reunión además busca intercambiar posturas y ver la posibilidad de que se agreguen algunos elementos.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, adelantó en una entrevista radial que se ha valorado el tema de aplicar los Estados de excepción focalizados en el país. “El presidente de la República considera el Estado de Emergencia o Excepción para algunos territorios en los que se necesita entrar con más fuerza", declaró.
De igual forma, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, también dijo en un programa radial que ante la situación de criminalidad es necesario aplicar “medidas extraordinarias”. En este sentido, aclaró: "Una medida extraordinaria es cuando una situación requiere de una intervención mucho más fuerte, dura y profunda".
Propuestas sobre la mesa
La comisión de seguridad tiene varias iniciativas que quiere exponer en la reunión con el presidente Sánchez Cerén, y buscan exponer algunas medidas “excepcionales” y así cada una de las fracciones arrojó propuestas.
La primera de ellas fue una pieza de correspondencia que ingresó este martes a la comisión por parte del diputado de ARENA Mauricio Vargas, que consiste en emplear a la Fuerza Armada (FAES) para tareas de seguridad, ya no como parte de las tareas conjuntas o cuidando a la policía, sino operando de manera independiente en funciones de combate y represión del crimen.
Otra de las medidas que sugirieron Vargas y Almendáriz, fue la de presentar un decreto de movilización de la Fuerza Armada que implicaría un llamado a todos los reservas del Ejército para que se presenten a apoyar las tareas de seguridad.
Por otro lado, el diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, expuso que una de las primeras medidas tendría que pasar por elaborar un registro de pandillas a escala nacional.
“Ya se sabe quiénes son los delincuentes, todo el mundo lo sabe, echémosle la fuerza del Estado no a los ciudadanos, hagamos como hicieron los americanos en Los Ángeles, identifiquémoslos y que el estado de excepción sea para ellos y no para todos los ciudadanos honrados”, dijo el exdirector de la policía, a la vez que agregó que la propuesta será presentarla la próxima semana.
Mientras, Guillermo Gallegos de GANA, se mostró complacido de que el tema de los estados de sitio, cuya propuesta ya la ha hecho dos veces (una en 2012 y una en 2013), esté en la agenda del Ejecutivo. Además agradeció el apoyo de los legisladores a la medida.
Temores sobre régimen excepcional
Ante los anuncios de una posible implementación de régimen de excepción focalizado en algunas zonas del país, algunos temores han surgido, sobre todo porque la militarización reaviva escenas del pasado, cuando sucedió la guerra civil. Sin embargo, los legisladores pidieron dejar estos “fantasmas del pasado” y pensar que actualmente es una herramienta válida que puede ayudar mermar la delincuencia.
Peña aseguró que estos Estados de excepción permiten que se coarten ciertas libertades constitucionales, incluso la posibilidad de intervenir las comunicaciones ya sea a través de teléfono, correo electrónico o incluso el Facebook.
El régimen de excepción está contemplado en el artículo 29 de la Constitución y establece cuáles son las garantías que se suspenden, como reuniones (excepto religiosas), y el libre tránsito, pero además la detención administrativa se amplía.
Aunque Gallegos reconoció no se puede garantizar que no se vayan a afectar a los ciudadanos honestos con estas medidas, recordó que ya la policía tiene perfilados a los pandilleros, pero agregó no debe haber temor con la intervención de las comunicaciones.
“Eso es asustar con el petate del muerto, yo sacrifico cualquiera de mis libertades, porque ya no muera un inocente en este país, que me revisen mi Facebook, que me revisen mis llamadas, que me restrinjan las salidas de mi casa, pero con tal de que no muera otra persona”, manifestó el vicepresidente de la Asamblea.
Sin embargo, Norman Quijano, sostuvo que al suspender las garantías constitucionales el Estado debe de comprometerse a hacerlo de manera responsable y que no se vaya a utilizar para otro tipo de actividades que pueda generar persecución política o empresarial.
¿Qué implica que se declare régimen de excepción?
El régimen de excepción puede ser implementado por el Ejecutivo o por la Asamblea Legislativa con 56 votos. Aplicar esta medida reactiva ciertos mecanismos que suspenden algunas garantías constitucionales, entre las que se destacan las capturas son orden de detención o los allanamientos sin autorización.
El primer inciso del artículo especifica: “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6 inciso primero, 7 inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República, y se hará por medio de decreto del Órgano Legislativo o del Órgano Ejecutivo, en su caso”.
Es decir, al aplicarse el régimen de excepción se restringiría la libertad de entrar y salir del territorio nacional (art. 5), la libertad de expresar y difundir sus pensamientos (art. 6 inciso 1), el derecho a asociarse libremente (art. 7 inciso 1) y la confidencialidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones (art. 24).
Mediante el régimen de excepción toda persona a quien se le impute un delito podría capturarse de inmediato y ser obligada a declarar, así como podría no brindársele su debida defensa (art. 12) y a su vez podrá capturarse a la persona sin necesidad de una orden escrita y su detención administrativa podría durar más de 72 de horas (art. 13).
La comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa aún no ha obtenido respuesta del Ejecutivo, aunque ya mostraron su disposición de ceder los votos a las medidas excepcionales que presente el gabinete de seguridad.
Fuente: DLP http://goo.gl/VNsfb6
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