El religioso español Lucio Vallejo Balda confesó este lunes ante un tribunal del Vaticano haber filtrado a la prensa las contraseñas de documentos confidenciales, un delito que la Santa Sede castiga con hasta ocho años de detención.
"Sí, he proporcionado documentos a los periodistas. Les entregué una lista de cinco páginas con 87 contraseñas", reconoció al ser interrogado por los jueces del llamado proceso Vatileaks2.
El religioso describió el clima de presión y chantaje que vivía en 2013 y aseguró que atravesaba por una fuerte depresión por la que estaba siendo atendido por un psiquiatra.
El proceso, que juzga a cinco acusados por la fuga de documentos confidenciales de la Santa Sede, se reanudó este lunes en el Vaticano con la comparecencia de casi todos los implicados.
La audiencia pública del juicio, en el que están siendo procesados dos periodistas italianos, el cura español, su secretario y una consultora en relaciones públicas, por divulgar documentos privados sobre la malversación de fondos y los despilfarros en la Santa Sede, serealizó en la sala del tribunal y duró cerca de tres horas.
Un grupo limitado de periodistas tuvo acceso a la sala tal como fue previsto desde la apertura del juicio, el pasado 24 de noviembre.
Vallejo Balda, cercano al Opus Dei, llegó sonriente a la audiencia pero terminó el interrogatorio abatido, tras admitir su responsabilidad en el escándalo.
El religioso dijo que cuando transmitió los documentos no estaba del todo "lúcido", pero desmintió que haya entregado los archivos en papel a los periodistas.
Todos los acusados, entre ellos los dos periodistas italianos, Gianluigi Nuzzi --quien no asistió a la audiencia-- y Emiliano Fittipaldi, autores de sendos libros sobre la corrupción en la Curia Romana, basados en correos, grabaciones y documentos, se enfrentan a penas de cárcel de hasta ocho años bajo la draconiana legislación contra las fugas promulgada por el Vaticano en 2013.
Lo acusan de situaciones "comprometedoras"
El tribunal del Vaticano, que volvió a ordenar la semana pasada el encarcelamiento de Vallejo Balda en la sede de la Gendarmería vaticana por haber "violado la prohibición de comunicarse con el exterior", dedicó mucho tiempo a escuchar al religioso español.
Según un diario italiano, la gendarmería vaticana descubrió que Vallejo Balda utilizaba secretamente un teléfono móvil a través del cual enviaba mensajes y mantenía contactos con el mundo exterior.
"Estaba seguro de que detrás de Chaouqui había intereses ilegítimos", aseguró el religioso, que se define víctima de un chantaje "afectivo".
Medios de prensa italianos sostienen que los dos mantenían una relación sentimental, lo que afectaba al prelado vaticano, miembro entonces de la Comisión Investigadora de los Organismos Económicos y Administrativos de la Santa Sede (Cosea).
Chaouqui, que está embarazada de siete meses, llegó al Vaticano acompañada por cuatro guardaespaldas, como una estrella de televisión.
El religioso no desmintió que cedió a los requerimientos de Chaouqui en diciembre de 2014 durante un viaje a Florencia, reconociendo que se encontraba en una situación "comprometedora".
La consultora, que estaba muy nerviosa, pidió que una carta que escribió al papa, que se le levante el secreto pontificio sobre su trabajo para poder defenderse.
El sábado, después de tres meses y medio de receso, se celebró una audiencia a puerta cerrada de carácter técnico, que duró cerca una hora, para examinar la correspondencia y el material informático presentado por las partes.
El tribunal aceptó examinar como prueba los correos electrónicos, mensajes y conversaciones de WhatsApp entre los acusados, algunos de ellos con detalles picantes.
El prelado español y la consultora italiana Francesca Chaouqui, junto con el colaborador de Vallejo, Nicola Maio, han sido acusados de haber formado una "asociación criminal" con el fin de divulgar noticias y documentos confidenciales a los que tenían acceso gracias a su cargo en el Vaticano.
"La información no se frena con juicios", escribió por su parte en un tuit Nuzzi, poco antes del inicio de la audiencia.
Los dos periodistas han sido acusados de "divulgación ilícita" de documentos confidenciales.
"Me limité a cumplir con mi deber de periodista. Este es un proceso por una fuga de noticias y no por difamación. Todas las noticias publicadas son verdaderas", declaró Fittipaldi.
